El Gobierno nacional impulsa cambios en el régimen migratorio que incluyen el rechazo en frontera a personas con antecedentes penales, la expulsión inmediata de quienes ingresen por pasos no habilitados o mientan en su declaración, y la deportación de extranjeros condenados por cualquier tipo de delito. Además, los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud, y se exigirá un seguro médico obligatorio para ingresar al país.
En el ámbito educativo, se permitirá que las universidades nacionales cobren por sus servicios a los estudiantes extranjeros si así lo deciden, respetando siempre su autonomía institucional.
Finalmente, también se endurecerán los requisitos para acceder a la residencia permanente y a la ciudadanía argentina.
Desde el Gobierno argumentan que estas medidas buscan «ordenar y proteger» el sistema migratorio nacional.
