La reciente detención de un hombre oriundo de San Juan que llevaba siete años prófugo de la Justicia por abuso de menores, pone sobre la mesa una realidad preocupante: nuestra Ciudad ya no es la misma. Inseguridad, robos, consumo y venta de drogas y ahora la presencia de un fugitivo con documentación falsa que logró ocultarse en Nonogasta durante tanto tiempo, nos llevan a cuestionar la efectividad de los controles y las políticas de seguridad en la región.
Y sí, ¡Chilecito ha cambiado! Nos duele aceptarlo, pero la inseguridad se ha instalado en nuestras calles, dejándonos con la incertidumbre de qué hacer al respecto. ¿Se necesitan más agentes policiales? ¿Un mayor control en la documentación de quienes llegan a la ciudad? ¿Una mejor gestión de las políticas de seguridad?
Esta situación, me recordó a una nota que leí hace años sobre el pueblo cordobés de Tío Pujio. En 2006, sus autoridades implementaron un relevamiento personalizado de cada vivienda, para cumplir con una polémica ordenanza: «IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS», cuya justificación era que el pueblo fue escenario de varios hechos de violencia en los últimos meses que alteraron la habitual tranquilidad del lugar. Era un control exhaustivo para identificar a todas las personas que vivían allí, exigiendo incluso, que empresas y propietarios informaran sobre los antecedentes de quienes contrataban o les alquilaban un hogar.
La medida generó una gran controversia porque, aunque buscaba mayor seguridad, también planteaba serios dilemas sobre discriminación y derechos individuales. ¿Es justo vigilar a cada ciudadano por el temor a la delincuencia? ¿O es necesario tomar medidas drásticas cuando la tranquilidad de una comunidad está en juego?
En Chilecito, hoy enfrentamos un dilema similar. Necesitamos controles más efectivos, más agentes policiales, mejores estrategias de prevención. Pero, al mismo tiempo, debemos preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a llegar para sentirnos seguros. ¿Sería viable una medida como la de Tío Pujio aquí? ¿O estaríamos cruzando una línea peligrosa en cuanto a derechos y libertades?
¿Hasta qué punto es legítimo que una comunidad controle la identidad y los antecedentes de quienes llegan a vivir o trabajar en ella? ¿Es esta una solución efectiva o una medida que vulnera derechos fundamentales?
