Por decisión del gobernador Ricardo Quintela, el Gobierno provincial profundiza las acciones destinadas a prevenir, investigar y sancionar los préstamos abusivos. Las personas afectadas pueden denunciar los hechos ante la División Delitos Económicos de la Policía, el Ministerio Público Fiscal o la comisaría más cercana.
El Gobierno de La Rioja recuerda a la comunidad que la usura constituye un delito y que las personas afectadas por préstamos clandestinos, intereses desproporcionados, amenazas, extorsiones o retención de documentación pueden efectuar la correspondiente denuncia para permitir la intervención de las autoridades.
Estas acciones responden a la decisión política del gobernador Ricardo Quintela de proteger a l
Las familias riojanas frente a quienes se aprovechan de situaciones de necesidad económica. “Atravesamos una situación de extrema gravedad que requiere una respuesta concreta del Estado provincial”, sostuvo el mandatario al anunciar la creación del Régimen Provincial de Protección Integral de Usuarios de Créditos para
Quintela también advirtió sobre la gravedad que pueden alcanzar los mecanismos de cobro empleados por prestamistas ilegales y sostuvo que “no vamos a permitir que la necesidad de nuestra gente sea utilizada para imponer condiciones abusivas o apropiarse de sus bienes. El Estado debe estar presente para proteger a las víctimas y actuar con firmeza contra quienes cometen estos delitos”.
En ese marco, el Gobierno provincial profundizó los controles y las investigaciones sobre prestamistas informales y entidades que aplican condiciones abusivas.
Las denuncias por posibles delitos pueden radicarse ante la División Delitos Económicos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia, o directamente ante el Ministerio Público Fiscal. También pueden presentarse en la comisaría más cercana al domicilio de la persona afectada, desde donde serán remitidas al área especializada correspondiente.
Las autoridades provinciales recomiendan conservar y aportar toda la evidencia disponible, como comprobantes de transferencias o pagos, conversaciones de WhatsApp, mensajes, audios, contratos, pagarés, datos del prestamista, registros de amenazas y constancias relacionadas con la retención de documentos, tarjetas, vehículos u otros bienes.
