La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, una normativa clave para la protección de reservas de agua dulce en el país. Los cambios introducidos buscan actualizar criterios sobre actividades productivas en zonas protegidas, lo que generó un inmediato debate a nivel nacional.
Organizaciones ambientalistas como FARN, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace cuestionaron tanto el contenido como el tratamiento de la ley, al considerar que se avanzó sin escuchar a la ciudadanía y que podría implicar un retroceso en la protección del agua.
En este contexto, convocaron a la población a sumarse a una demanda colectiva para frenar la reforma, a través del sitio web demandacolectivaglaciares.org. Aseguran que la adhesión no tiene implicancias legales, pero busca fortalecer el reclamo social en defensa de los recursos naturales.
El tema cobra especial relevancia en regiones como Chilecito, donde el cuidado del agua es estratégico para el desarrollo local.
