La medida de fuerza en las universidades de todo el país será por 72 horas. Reclaman recomposición salarial, mayor presupuesto y el cumplimiento de la ley de financiamiento.
El conflicto se centra en la fuerte caída del salario docente, que según los sindicatos acumula una pérdida cercana al 40% en los últimos dos años. En este contexto, exigen la urgente reapertura de paritarias, que no se convocan desde octubre de 2024, y una recomposición salarial que permita recuperar lo perdido frente a la inflación.
Además del reclamo salarial, los docentes demandan la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), sancionada en 2025. Esta norma, que logró superar un veto presidencial, establece mayores recursos para las universidades públicas, impactando no solo en los salarios, sino también en el funcionamiento general del sistema, incluyendo becas, investigación y gastos operativos.
Desde el Gobierno nacional, analizan una propuesta de aumentos en tramos, tal como lo anticipó el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Sin embargo, según trascendió, esta iniciativa no contempla la recuperación del poder adquisitivo perdido durante 2024, lo que mantiene la tensión con los gremios.
La medida de fuerza se da luego de un paro de cinco días realizado entre el 16 y el 20 de marzo, y dejará nuevamente sin clases a las universidades públicas durante la última semana del mes. A esto se suma que el jueves y viernes posteriores serán feriados por Semana Santa, por lo que la interrupción de actividades se extenderá aún más.
En caso de no haber respuestas por parte del Gobierno ni avances en la aplicación de la ley, los gremios ya anticiparon nuevas acciones: una Marcha Federal el 23 de abril y otro paro en la semana del 27. La protesta cuenta también con el respaldo de rectores de universidades nacionales, quienes reiteraron la necesidad de garantizar el financiamiento para sostener el sistema educativo público.
