La Seccional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Chilecito anunció que el próximo 15 de octubre realizará una marcha hacia la capital provincial con el objetivo de denunciar ante el Gobierno irregularidades en la Municipalidad de Chilecito.
El sindicato cuestiona que la Institución continúa dejando vacantes los cargos de trabajadoras y trabajadores jubilados, pese a que existe una ordenanza municipal que establece que esos puestos deben ser ocupados por familiares directos de quienes los desempeñaban. ATE remarcó que la normativa sigue vigente y nunca fue derogada, por lo que considera que los reclamos de los posibles beneficiarios son genuinos. Sin embargo, según la organización, cada vez que se presenta un reclamo, la Municipalidad desconoce la validez de la ordenanza.
Además, ATE denunció que en el municipio casi 400 cargos estarían ocupados de manera irregular por personas ligadas a la política local. En ese sentido, desde el gremio sostuvieron que “hay una sobreabundancia de cargos. El Departamento de Chilecito tiene una estructura directiva que no se condice con la realidad, con alrededor de siete funcionarios por área, lo que resulta insostenible para un municipio de estas características”.
RECLAMO SALARIAL
Otro de los ejes que llevará ATE a la capital será el salarial. El sindicato advirtió que existe una fuerte distorsión entre los ingresos y el costo de vida actual. Como ejemplo, mencionaron que el aumento de $100.000 otorgado en la segunda parte del año quedó rápidamente absorbido por incrementos en los servicios, especialmente en la factura de energía eléctrica.
La situación se agrava para quienes trabajan bajo el Programa de Entrenamiento Municipal (PEM), cuyos ingresos son más bajos que los del personal de planta. Por ello, ATE exigirá que el Gobierno provincial inste al intendente Rodrigo Brizuela y Doria a equiparar las condiciones salariales de los trabajadores PEM con las del personal de planta permanente.
Con la movilización, el gremio busca visibilizar lo que considera un escenario de irregularidades en la designación de cargos y de precarización laboral que afecta a cientos de trabajadoras y trabajadores.
