Más de 100 familias agricultoras del Dpto. Independencia mantienen un corte desde esta semana y aseguran que solo lo levantarán cuando se retiren los alambrados y se desaloje a los empresarios privados.
Las comunidades de Cerro Blanco, Paganzo y Salinas de Bustos viven y producen desde hace generaciones en los campos comuneros. Allí tienen sus casas, represas y animales, pero denuncian que desde 2019 empresarios alambraron 36.000 hectáreas y cerraron 11 vertientes de agua, dejando a la producción sin sustento.
Pese a fallos judiciales y medidas de la Secretaría de Tierra y Hábitat, los pobladores afirman que los usurpadores desconocen la ley e incluso han ejercido violencia y amenazas.
Los campesinos reclaman al Poder Judicial medidas urgentes para proteger a las familias y desalojar a los empresarios. Al Ejecutivo y Legislativo, una ley que garantice el derecho de los agricultores familiares a seguir viviendo en el territorio y que ordene el uso de la tierra y el agua.
