"JUSTICIA QUE TARDA NO ES JUSTICIA"
A más de 5 años de la muerte de Carlos Codero Robles, la familia aún espera el inicio del juicio. El joven fue embestido en la madrugada del 26 de mayo de 2015 por Paul Waidatt, en circunstancia que aún es investigada por la Justicia. Todo el sistema judicial esta devastado y Chilecito no es la excepción.
La causa judicial por la muerte de Charly Cordero Robles, donde la etapa de Instrucción ya culminó, la renuncia de un magistrado provocó una nueva demora. Hace tiempo que la familia espera que se eleve la causa a juicio.
"Justicia que tarda no es justicia". Detrás de
esta cita se ajusta nuestra lamentable realidad en Chilecito y en nuestro
frustrante lento sistema de justicia.
De todas las funciones fundamentales del Estado, la rama
judicial es paradójicamente una de las más importantes, pero una de las más
ignoradas en los discursos políticos.
A nuestra casta de demagogos le fascina repetir promesas
de más empleos, más viviendas y menos impuestos, pero es muy raro escuchar
propuestas serias respecto a qué hacer con la exasperante lentitud y otras
problemáticas como infraestructura, falta de recursos humanos, capacitación al
personal, entre otros, que se vive en nuestros tribunales.
La justicia no es un lujo para pocos, sino que es la
necesidad y el derecho de muchos. Sea por un divorcio difícil, un contrato
incumplido, un delito grave o un despido injusto, una buena parte de la sociedad tarde o temprano tocará la puerta a los tribunales buscando pedir
justicia o defender sus derechos.
Pero la ciudadanía, sin embargo, se podría encontrar con
audiencias postergadas, expedientes demorados, recusaciones infundadas y otros
incidentes que en su conjunto hacen que procesos que deberían resolverse en
pocas semanas se dilaten por meses o incluso años.
Con la pandemia por el Covid19, la Justicia transita uno
de sus peores momentos históricos en su vínculo con la sociedad civil. Ha
perjudicado aún más la actividad judicial, corriendo el riesgo que la mayoría
de procesos sean diferidos o paralizados inevitablemente. Pero por otro lado,
ha mejorado en otros aspectos y ha tenido que adaptarse en un lapso muy breve
en una nueva forma virtual de administrar justicia que hace que permita
compatibilizar las funciones judiciales con modernas tecnologías, como las
audiencias virtuales, notificaciones electrónicas, despachos digitales y
digitalización de ingreso de expedientes en mesa de entrada.
El tiempo de duración de los procedimientos judiciales podría
ocupar horas de debate, preocupa al conjunto de la ciudadanía, hasta el punto
de que la confianza que aquélla otorga a la administración de Justicia como
institución, depende en buena medida del tiempo de respuesta judicial a los
conflictos que ante la misma se plantean.
Una administración de justicia ineficiente y lenta destruye las mismísimas bases de la legitimidad del Estado, quebranta la confianza en el orden democrático y socava la pacífica convivencia de la ciudadanía.
La Justicia, si es lenta, o incomprensiblemente lenta, deja de ser justa, por lo que se convierte en una obligación esencial de procurar que el ciudadano vea razonablemente satisfecho su derecho a una tutela judicial efectiva, que implica, como no, también, el derecho de obtener una respuesta judicial sin dilaciones temporales inaceptables.
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